¿Amnistía o rendición de cuentas? El Supremo Tribunal Federal de Brasil debe decidir

Por Marina Soares da Fonsêca* y Thiago Oliveira Moreira**

(Foto: Eraldo Peres, AP Foto , 2 de septiembre de 2024)

El juicio en curso de la Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental 320 (ADPF 320), un caso constitucional ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, representa una oportunidad decisiva para resolver una ambigüedad histórica del derecho brasileño. Lo que está en juego no es solo el alcance de la Ley de Amnistía de Brasil, sino también si el Supremo Tribunal reconocerá explícitamente que la amnistía no puede utilizarse para eximir de responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos. Esto es un paso que alinearía de manera más clara el sistema jurídico brasileño con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente dentro del sistema interamericano.

Promulgada en 1979 durante la transición de Brasil del régimen militar a la democracia, la Ley de Amnistía ha sido interpretada durante mucho tiempo como un escudo para proteger a agentes estatales de la responsabilidad penal por abusos cometidos durante la dictadura. Entre ellos, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Aunque originalmente fue presentada como un mecanismo de reconciliación política, su aplicación continuada la ha convertido en uno de los principales obstáculos para la rendición de cuentas y en un punto central del debate en la sociedad brasileña.

La ADPF 320 se promovió para asegurar el cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund y otros vs. Brasil.^[1] En dicha sentencia, la Corte Interamericana estableció que interpretar la Ley de Amnistía de manera que impida la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este caso constituye una prueba decisiva para el Supremo Tribunal Federal. Si aplica abiertamente el control de convencionalidad, es decir, el deber de garantizar que el derecho interno sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos, enviará la señal de que Brasil está dispuesto a tratar sus obligaciones internacionales como límites jurídicamente vinculantes al derecho interno. De ese modo reforzará tanto la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la credibilidad de Brasil como democracia constitucional comprometida con los derechos humanos. Sin embargo, si continúa recurriendo a razonamientos jurídicos internos que eviten enfrentar directamente este conflicto, corre el riesgo de perpetuar un patrón de cumplimiento parcial. Ello debilitará la efectividad del sistema interamericano y mantendrá la inseguridad jurídica dentro del orden constitucional brasileño.

En los últimos años, los tribunales federales de instancias inferiores en Brasil alinearon cada vez más sus decisiones con los estándares interamericanos. En algunos casos, jueces dejaron sin efecto la aplicación de la Ley de Amnistía en situaciones relacionadas con delitos permanentes, como la ocultación de los cuerpos de víctimas de la dictadura militar.^[2] La posición del Supremo Tribunal Federal, sin embargo, sigue siendo más ambigua. En 2010, el Tribunal confirmó en la ADPF 153 la validez de la Ley de Amnistía conforme a la Constitución de 1988, una decisión que entra en clara tensión con las posteriores sentencias de la Corte Interamericana.^[3] En casos como Gomes Lund y otros vs. Brasil,[4] Herzog y otros vs. Brasil^[5] y Leite, Peres Crispim y otros vs. Brasil,[6] la Corte Interamericana sostuvo de manera constante que las leyes de amnistía no pueden utilizarse para proteger a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Este razonamiento comenzó a aparecer también en el ámbito del Supremo Tribunal Federal. En febrero de 2026, el ministro Flávio Dino votó por excluir la aplicación de la Ley de Amnistía a delitos de carácter permanente, como la desaparición forzada y la ocultación de cadáveres, con el argumento de que dichas violaciones se extienden más allá del ámbito temporal de la ley.^[7] Sostuvo que mientras la violación continúe –por ejemplo, mientras el destino de una víctima permanezca oculto– el delito sigue en curso y la amnistía no puede justificarlo. Sin embargo, el caso fue suspendido tras un pedido de vista del ministro Alexandre de Moraes, lo que deja esta cuestión central aún sin resolver.

No obstante, los debates sobre las repercusiones jurídicas de la Ley de Amnistía evitan enfrentar un problema más profundo. Se trata de la incompatibilidad general de esa norma, cuando se la interpreta para impedir la rendición de cuentas, con las obligaciones internacionales de Brasil en materia de graves violaciones de derechos humanos.

Si bien soluciones interpretativas, como limitar el alcance de la Ley de Amnistía para excluir delitos de carácter permanente, pueden producir resultados prácticos al permitir que ciertas investigaciones y procesos penales avancen, no eliminan la tensión jurídica subyacente. Al evitar una confrontación directa con la discrepancia entre la Ley de Amnistía y las obligaciones internacionales de derechos humanos, estos enfoques ofrecen remedios caso por caso, pero no proporcionan un marco jurídico coherente y estable. No reconocer explícitamente esta incompatibilidad permite que el problema persista y deja incertidumbre sobre hasta qué punto el derecho internacional limita realmente la interpretación del derecho interno.^[8]

Esta distinción entre utilizar el derecho internacional como una herramienta interpretativa persuasiva y reconocer su fuerza vinculante como límite al derecho interno es esencial. Una cosa es invocar el derecho internacional como argumento de apoyo; otra muy distinta es reconocer que determinadas interpretaciones del derecho interno no pueden sostenerse frente a compromisos internacionales vinculantes.

La ADPF 320 ofrece una oportunidad poco común para abordar esta ambigüedad. Si el Supremo Tribunal Federal se limita a razonamientos jurídicos internos, el control de convencionalidad continuará operando de manera indirecta y desigual. Sin embargo, si el Tribunal reconoce explícitamente que la amnistía no puede utilizarse para impedir la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, podrá contribuir a una mayor articulación del sistema jurídico brasileño con los estándares internacionales desarrollados en el ámbito interamericano.

Esta cuestión no es, sin embargo, uniforme en la región: tanto Uruguay como Argentina han experimentado tensiones entre sus ordenamientos internos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de amnistía y graves violaciones de derechos humanos, aunque con trayectorias y respuestas institucionales distintas.

En este contexto, una eventual decisión del Supremo Tribunal Federal en la ADPF 320 podría constituir un paso relevante para precisar el alcance del control de convencionalidad en Brasil.Mientras el caso sigue pendiente, una pregunta continúa en el aire: ¿cumplirá Brasil plenamente los compromisos que asumió en virtud del derecho internacional de los derechos humanos o volverá, una vez más, a postergar un ajuste de cuentas decisivo con su pasado?

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*Estudiante de Maestría en Derecho en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). Miembro del Grupo de Investigación sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Personas en Situación de Vulnerabilidad, y del Observatorio de Derecho Internacional de Rio Grande do Norte.

**Profesor Asociado de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). Doctor y Magíster en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y Magíster en Derecho por la UFRN. Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho (PPGD/UFRN). Coordinador del Grupo de Investigación sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Personas en Situación de Vulnerabilidad.

^[1]  Corte IDH, “Gomes Lund y otros [“Guerrilha do Araguaia”] vs. Brasil”, sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C Nro. 219, párr. 5.

^[2] Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (Brasil), Apelación Civil Nro. 5002620-24.2021.4.03.6181, 21/02/2025.

^[3] Supremo Tribunal Federal (Brasil), “Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) Nro. 153”, 29/04/2010.

[4] Corte IDH, "Gomes Lund y otros vs. Brasil".

^[5] Corte IDH, “Herzog y otros vs. Brasil”, sentencia de 15 de marzo de 2018, Serie C Nro. 353.

[6] Corte IDH, "Leite, Peres Crispim y otros vs. Brasil", Serie C Nro. 561.

^[7] Supremo Tribunal Federal (Brasil), “Recurso Extraordinario con Agravio (ARE) Nro. 1.501.674”, 13/02/2026, voto del ministro Flavio Dino

^[8] Marina Soares da Fonsêca y Thiago Oliveira Moreira, “Amnesty and Conventionality Control: The Case of the Events of January 8, 2023, in Brazil”, Oxford Human Rights Hub (8 de abril de 2026).